Francis Javier Santiago Maldonado v. Ruth N. Alvelo Rivera, 2026 TSPR 14

En el caso Francis Javier Santiago Maldonado v. Ruth N. Alvelo Rivera, 2026 TSPR 14 (AC-2025-0012) el Tribunal Supremo de Puerto Rico enfrentó una escena que parece sencilla y, sin embargo, se bifurca como un laberinto.

Un apartamento en Fajardo. Un comprador por escritura pública. Una sentencia anterior contra otro hombre. Un embargo. Una subasta. Y, en el centro de todo, una puerta cuyas cerraduras fueron cambiadas por orden judicial.

Santiago Maldonado compró el inmueble y entró en posesión. No fue parte del pleito de daños y perjuicios que años antes había culminado en sentencia contra el antiguo dueño. Sin embargo, esa sentencia dio paso al embargo y, eventualmente, a la subasta pública en la que Alvelo Rivera obtuvo la buena pro. Con alguaciles y autorización judicial, tomó posesión del apartamento.

El conflicto no era —al menos no todavía— sobre quién era el dueño definitivo. Era más primario: ¿puede quien poseía de hecho, y no fue parte del pleito que produjo la ejecución, acudir al interdicto posesorio para recobrar esa posesión?

La mayoría del Tribunal respondió que sí. Reafirmó que el interdicto no examina la titularidad ni invalida la subasta; protege únicamente el hecho de la posesión dentro del año anterior y el despojo sufrido. Si el tercero poseedor no fue parte ni fue citado en el proceso que culminó en la venta judicial, el mandamiento puede ser ineficaz frente a él para fines posesorios. La controversia sobre dominio deberá ventilarse en otro pleito, por la vía ordinaria.

La disidencia, en cambio, advirtió que la desposesión ocurrió por autoridad judicial y que el inmueble estaba sujeto a anotación de embargo. Para ella, no toda privación de la posesión es indebida cuando media un mandato del tribunal.

Así, el caso deja una tensión muy concreta: la posesión como hecho inmediato frente al engranaje solemne de la ejecución judicial. En ese cruce —entre la llave y el edicto— el Tribunal decidió que, por ahora, se protege la posesión de hecho mientras el derecho de propiedad se dilucida en el escenario más amplio del proceso ordinario.

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